Tribunal pide la suspensión de J. Jon Bruno y el retorno de la congregación de Newport Beach a su edificio

La sentencia definitiva del obispo de Los Ángeles se dará a conocer en un plazo de 40 a 60 días

[Episcopal News Service] El tribunal eclesiástico [o panel de audiencia] que contempló imponerle una sanción disciplinaria al obispo J. Jon Bruno de la Diócesis de Los Ángeles emitió un dictamen final el 2 de agosto en el que reafirmaba su recomendación propuesta de que fuera suspendido del ministerio ordenado durante tres años por razones de conducta impropia.

El tribunal también recomienda enérgicamente a la Diócesis de Los Ángeles como “asunto de justicia” que suspenda inmediatamente sus empeños de vender la propiedad de Santiago el Mayor [St. James the Great] en Newport Beach, California, que devuelva la congregación y la vicaria al edificio de la iglesia y que le reasigne a Santiago el Mayor el adecuado estatus de misión.

El tribunal compuesto de cinco personas dijo estar convencido de que la Diócesis de Los Ángeles, y en particular su Comité Permanente con el liderazgo solidario de su recién ordenado y consagrado obispo coadjutor, debe elegir conscientemente tomar parte en un proceso de autoexamen y confesión de la verdad en torno a estos eventos desafortunados y trágicos.

El tribunal llevó a cabo tres días de testimonios en marzo sobre esas alegaciones. Bruno subsecuentemente intentó vender la propiedad mientras el tribunal consideraba cómo dictaminar sobre el caso. Ese intento le ganó a Bruno dos restricciones ministeriales del obispo primado Michael Curry.

La más reciente se produjo un día antes del dictamen final cuando Curry separó a Santiago el Mayor de la autoridad de Bruno y puso la congregación bajo el control del obispo coadjutor de Los Ángeles John Taylor. La restricción anterior fue concebida para evitar que Bruno intentara vender la propiedad otra vez.

Herman Hollerith IV, obispo de la Diócesis de Virginia Sur, es el presidente del tribunal que llevó el caso contra Bruno. El panel, nombrado por la Junta Disciplinaria para los Obispos de entre sus miembros, incluye al obispo de Rhode Island Nicholas Knisely, al obispo de Dakota del Norte Michael Smith, al Rdo. Erik Larsen de Rhode Island y a Deborah Stokes de Ohio Sur.

El caso original contra Bruno implicó su intento infructuoso en 2015 de vender la propiedad de la Iglesia a un promotor de condominios por $15 millones en efectivo. Esa iniciativa dio lugar a que los miembros de Santiago el Mayor presentaran cargos de conducta impropia contra Bruno, alegando que había violado los Cánones de la Iglesia.

Cuarenta días después de emitido el dictamen final, la Rvdma. Catherine Waynick, presidente de la Junta Disciplinaria de los Obispos, tiene 20 días para sentenciar a Bruno en conformidad con el dictamen. Él puede pelar esa sentencia y, si lo hace, la sentencia no se impone en tanto el proceso de la apelación esté en marcha. No obstante, el dictamen no deja dudas de que las restricciones parciales de Curry sobre Bruno permanecen en vigor.

El tribunal encontró a Bruno culpable de las alegaciones de los demandantes de Santiago el Mayor  de que él había violado los cánones de la Iglesia porque:

  • No obtuvo el consentimiento del comité permanente diocesano antes de suscribir un acuerdo para vender la propiedad.
  • Desfiguró su intención respecto a la propiedad ante los miembros, el clero y la comunidad local en general.
  • Expuso falsamente que Santiago el Mayor no era una congregación sostenible.
  • Expuso falsamente que la Rda. Cindy Evans Voorhees, vicaria de Santiago [el Mayor], había renunciado.
  • Engañó a algunos de los miembros de Santiago [el Mayor] [al decirles] que él les alquilaría la propiedad durante cierto número de meses y que la diócesis ayudaría económicamente a la iglesia, y
  • Participó en una conducta impropia de un miembro del clero “al desorientar y engañar” al clero y al pueblo de Santiago [el Mayor], así como a la comunidad local, respecto a sus planes para la propiedad y por tomar posesión de la propiedad y privar a la congregación de acceso a ella.

Taylor emitió un comunicado en el que decía que “el ministerio ordenado de 40 años del obispo Bruno y sus 15 años como el sexto obispo de Los Ángeles no se resumen en este dictamen ni en los sucesos que lo provocaron”.

El obispo coadjutor lo calificó de “líder valeroso y visionario”.

“Como todo ejecutivo exitoso dentro y fuera de la Iglesia, él sería el primero en reconocer que hay cosas que habría hecho de manera diferente”, dijo Taylor. “Espero seguir aprendiendo de él y consultando con él acerca de la vida de la comunidad diocesana que él ha servido y que tanto ama”.

Taylor dijo que él y el Comité Permanente “haremos todo lo que podamos para promover un solución justa que tome en cuenta los intereses de todos en nuestra comunidad (incluidos los fieles miembros de la iglesia de Newport Beach) y darnos la oportunidad de seguir adelante juntos. En una disputa como esta, el decir la verdad, la comunicación abierta y la reconciliación pueden resultar difíciles para todos los implicados”.

Los feligreses de Santiago el Mayor dijeron estar “profundamente agradecidos al tribunal por su diligente y ardua labor al objeto de obtener la verdad, administrar justicia equitativa y fomentar la reconciliación”. Afirmaron que “la recomendación final del tribunal señala el camino a seguir para la Diócesis de Los Ángeles y su liderazgo”.

“Creemos que el proceso de reconciliación comienza ahora, y esperamos que llegue el momento —en el futuro próximo, esperamos y creemos— cuando estemos de vuelta en nuestra santa iglesia y la Diócesis de Los Ángeles sea una vez más una comunidad en Cristo firme, unida y jubilosa, dedicada a propagar la palabra de Dios y a hacer Su obra en la tierra”, decía la declaración de Santiago el Mayor.

La congregación ha estado  reuniéndose para el culto en un salón del ayuntamiento de Newport Beach. Su estatus canónico con la diócesis se encuentra en un limbo.

El primer intento de venta de Santiago el Mayor tuvo lugar menos de 18 meses después de que Bruno reabriera esta iglesia a fines de 2013, luego de recuperar la propiedad mediante una demanda legal provocada por una ruptura de la congregación.  Otras tres congregaciones de la diócesis también se dividieron en disputas acerca de la plena inclusión de personas LGBTQ en la vida de la Iglesia.

El empeño de Bruno de vender la propiedad aun después de la audiencia de marzo, que el obispo intentó ocultar, le valió una amonestación del tribunal en junio, el cual le dijo a Bruno  que tenía que dejar de intentar vender la propiedad durante el proceso disciplinario. Si lo intentaba, o lo llevaba a cabo, antes de que el tribunal decidiera el caso original en contra suya, esa conducta sería “desestabilizadora, dilatoria y por otra parte contraria a la integridad de este procedimiento”,  le dijo el tribunal en ese momento. La nota decía que lo mismo se aplicaría si dejaba de brindarle al tribunal la información requerida respecto a sus acusaciones. Tal conducta viola la porción del derecho canónico que rige la conducta de clérigos que enfrentan acciones disciplinarias (Canon IV.13.9(a) página 151 aquí).

Pocos días después, el 29 de junio, Curry imponía su restricción inicial al ministerio de Bruno.

La apelación de Bruno a las sanciones del tribunal el 10 de julio no prosperó.

La restricción de Curry del 1 de agosto se produjo unos 10 días después de que una propuesta de dictamen del tribunal se hiciera pública a fines de julio.

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