El Obispo Primado separa polémica congregación de Newport Beach de la autoridad de Bruno

La orden le da jurisdicción al sucesor del obispo de Los Ángeles, a la espera de la decisión del tribunal

El abogado de la Iglesia Raymond Coughlan (“Jerry”), a la izquierda, le muestra documentos al obispo de la Diócesis de Los Ángeles, J. Jon Bruno, durante el testimonio del obispo el 29 de marzo. Foto de Mary Frances Schjonberg/ENS.

[Episcopal News Service] El obispo primado Michael Curry suspendió el 1 de agosto la autoridad del obispo J. Jon Bruno de la Diócesis de Los Ángeles sobre [la iglesia de] Santiago el Mayor [St. James the Great] en Newport Beach, California.

La decisión del Obispo Primado, que incluye colocar a Santiago el Mayor en la jurisdicción del obispo coadjutor de Los Ángeles John Taylor, se produjo mientras la Iglesia Episcopal aguarda el dictamen definitivo del tribunal eclesiástico [o panel de audiencias] que contempla actualmente la imposición de una sanción disciplinaria contra Bruno.

La más extensa restricción parcial tiene por objeto marcar una hoja de ruta que esclarezca y respete el debido papel y autoridad de Taylor y el Comité Permanente así como del proceso disciplinario del Título IV y del tribunal, según un comunicado de prensa de la Oficina de Relaciones Públicas de la Iglesia Episcopal.

“Es mi esperanza que esta decisión ayudará a propiciar pasos positivos hacia el acuerdo y la reconciliación”, dijo Curry en el comunicado.

La orden de Curry se suma a la que emitió a fines de junio en la que restringía parcialmente el ministerio de Bruno, específicamente su potestad de vender la propiedad inmobiliaria de Santiago el Mayor.

Los cinco miembros del tribunal redactaron un dictamen a mediados de julio, en el cual requerían la suspensión de Bruno del ministerio ordenado por un período de tres años debido a conducta impropia.

Ellos llegaron a la conclusión, en un veredicto de 4 a favor y 1 uno en contra, de que “el alcance y gravedad de la conducta impropia del obispo Bruno… han perturbado injusta e innecesariamente el ministerio de una misión de la Iglesia”.

Curry citó esa propuesta de dictamen en su decisión del 1 de agosto.

“Mi revisión del dictamen y de los resultados factuales que lo sostienen, así como mi interpretación independiente de las relaciones profundamente alteradas entre las partes respectivas, me han llevado a abrigar preocupaciones adicionales acerca de que Bruno ejerza cualquier aspecto de su autoridad episcopal sobre la congregación de Santiago [el Mayor], su ‘vicaria’ o la propiedad inmobiliaria o personal de Santiago [el Mayor] mientras este asunto esté pendiente en el proceso del Artículo IV”, escribió el Obispo Primado.

“En mi opinión, cualquier ejercicio de más general autoridad del obispo Bruno sobre la congregación de Santiago [el Mayor] en tanto el asunto del Título IV esté pendiente, incluido un proceso de apelación posiblemente prolongado cuando cualquier suspensión u otra sanción disciplinaria no se encuentre en vigor, puede amenazar el buen orden y bienestar de la iglesia”.

Él señaló que quería “crear espacio” para que Taylor y el Comité Permanente ejerzan sus ministerios de restauración y reconciliación dentro de la diócesis, y traten de resolver los problemas que rodean a la congregación de Santiago el Mayor y su edificio.

“Con la imposición de esta restricción, insto al liderazgo diocesano a avanzar vigorosamente hacia la reconciliación por el bien del ministerio del Evangelio”, escribió Curry.

Taylor más tarde emitió un comunicado “comprometiéndose a hacer todo lo que podamos a fin de aprovechar esta oportunidad para lograr una salida justa por el bien de toda nuestra comunidad diocesana”.

“La decisión del Obispo Primado permite a la Rda. Dra. Rachel Anne Nyback, presidente del Comité Permanente, a sus compañeros miembros del comité y a mí proseguir devotamente para promover la verdad, el diálogo abierto y la reconciliación en asuntos que han distraído a nuestra diócesis durante muchos meses y a hacerlo así sin esperar una resolución definitiva de los cargos contra nuestra obispo J. Jon Bruno”, dijo Taylor.

Bruno cerró la congregación hace casi dos años después de que los miembros objetaran su infructuoso intento en 2015 de vender la propiedad de Santiago el Mayor a un promotor de condominios por $15 millones en efectivo. La congregación ha estado  reuniéndose para el culto en un salón del ayuntamiento de Newport Beach. Su estatus canónico con la diócesis se encuentra en un limbo.

El intento de venta tuvo lugar menos de 18 meses después de que Bruno reabriera Santiago el Mayor a fines de 2013, luego de recuperar la propiedad mediante una demanda legal provocada por una ruptura de la congregación. Otras tres congregaciones de la diócesis también se dividieron en disputas acerca de la plena inclusión de personas LGBTQ en la vida de la Iglesia.

El empeño subsecuente de vender a Santiago el Mayor a una inmobiliaria llevó a los miembros de la congregación a presentar acusaciones de conducta impropia contra Bruno, alegando que violaba los Cánones de la Iglesia Episcopal.  Una audiencia sobre estas acusaciones tuvo lugar en marzo.

Bruno siguió intentando vender la propiedad incluso después de esa audiencia. Esas gestiones, que el obispo trató de ocultar, le ganaron una amonestación del tribunal en junio. El tribunal le dijo a Bruno que tenía que dejar de intentar vender la propiedad durante el proceso disciplinario. Si lo intentaba, o lo llevaba a cabo, antes de que el tribunal decidiera el caso original en contra suya, esa conducta sería “desestabilizadora, dilatoria y por otra parte contraria a la integridad de este procedimiento”,  le dijo el tribunal en ese momento. La nota decía que lo mismo se aplicaría si dejaba de brindarle al tribunal la información requerida respecto a sus acusaciones. Tal conducta viola la porción del derecho canónico que rige la conducta de clérigos que enfrentan acciones disciplinarias (Canon IV.13.9(a) página 151 aquí).

Pocos días después, Curry impuso su restricción inicial al ministerio de Bruno.

La apelación de Bruno a las sanciones del tribunal no prosperó.

La propuesta de dictamen de 91 páginas rechaza específicamente que Bruno sea depuesto o  expulsado del ministerio ordenado. Dice que durante los tres años de suspensión Bruno no podría ejercer ninguna autoridad sobre “la propiedad inmobiliaria o personal o los asuntos temporales de la Iglesia”. Una suspensión de tres años situaría a Bruno más allá de la fecha de su jubilación obligatoria en noviembre de 2018, cuando cumpla 72 años.

La propuesta de dictamen, que no es final, también insta a la diócesis a dejar que los miembros de Santiago el Mayor regresen a su inmueble.

La propuesta de dictamen recuenta meticulosamente el testimonio y las pruebas que el tribunal revisó. Esencialmente respalda las alegaciones de los demandantes de Santiago el Mayor  de que Bruno violó los cánones de la Iglesia porque:

  • No obtuvo el consentimiento del comité permanente diocesano antes de suscribir un acuerdo para vender la propiedad.
  • Desfiguró su intención respecto a la propiedad ante los miembros, el clero y la comunidad local en general
  • Expuso falsamente que Santiago el Mayor no era una congregación sostenible.
  • Expuso falsamente que la Rda. Cindy Evans Voorhees, vicaria de Santiago [el Mayor], había renunciado.
  • Engañó a algunos de los miembros de Santiago [el Mayor] [al decirles] que él les alquilaríala propiedad durante cierto número de meses y que la diócesis ayudaría económicamente a la iglesia, y
  • Participó en una conducta impropia de un miembro del clero “al desorientar y engañar” al clero y al pueblo de Santiago [el Mayor], así como a la comunidad local, respecto a sus planes para la propiedad y por tomar posesión de la propiedad y privar a la congregación de acceso a ella.

Herman Hollerith IV, obispo de la Diócesis de Virginia Sur, es el presidente del tribunal que lleva el caso contra Bruno. El panel, nombrado por la Junta Disciplinaria para los Obispos de entre sus miembros, incluye al obispo de Rhode Island Nicholas Knisely, al obispo de Dakota del Norte Michael Smith, al Rdo. Erik Larsen de Rhode Island y a Deborah Stokes de Ohio Sur.

El tribunal no dio a conocer públicamente su propuesta de dictamen. Al parecer le dio copia de la misma a los demandantes y al Obispo Primado con vistas a obtener comentarios. El Título IV.14.7 (página 153 aquí) llama a esas partes “a ser oídas sobre los términos propuestos del dictamen”.  Los comentarios al tribunal estaban previstos para el 26 de julio.

A Bruno no se le permitió que hiciera ningún comentario al tribunal sobre la propuesta. Los demandantes de Santiago el Mayor sugirieron que las recomendaciones del tribunal deben entrar en vigor inmediatamente y no demorarse o verse afectadas por una apelación de su dictamen.

“Hay un costo humano para el continuo exilio de la congregación”, escribieron. “Tenemos niños pequeños en la congregación de Santiago [el Mayor] que no han sido bautizados porque nacieron mientras la congregación estaba en el exilio. Ciertamente, esos niños nunca han visto el interior de la iglesia”.

Los demandantes dijeron que no tienen espacio para una escuela dominical y que su maestra de escuela dominical renunció porque “estaba cansada de impartir su clase al aire libre, cansada de verse lastimada por encontrarse, ella y sus niños, excluidos de la iglesia por su obispo”. El personal diocesano rehusó recientemente que se celebrara un funeral en el edificio para una matriarca de la congregación, dijeron los demandantes.

“Hemos recibido, pero no hemos incluido, muchos angustiosos emails de demandantes individuales, que no pueden entender cómo la Iglesia Episcopal permite que el cierre [de la iglesia] continúe”, escribieron.

– La Rda Mary Frances Schjonberg es redactora sénior y reportera de Episcopal News Service. Traducción de Vicente Echerri.

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