La Convención fortalece la posición de la Iglesia sobre la inmigración y los refugiados

[Episcopal News Service] La Convención General aprobó varias resoluciones destinadas a proteger los derechos de inmigrantes y refugiados a lo largo y ancho de la Iglesia Episcopal.

La Resolución D069 le pide a la Iglesia que apoye la ciudadanía por derecho de nacimiento, particularmente en países donde tenga diócesis.

En 2010, por ejemplo, la República Dominicana cambió su constitución al eliminar el jus soli (o derecho del suelo), es decir, el derecho de cualquier persona nacida en el territorio de un Estado a la nacionalidad o ciudadanía del mismo —un derecho casi universal en el continente americano. El cambio constitucional precede a una sentencia de 2013 que en efecto anuló la ciudadanía de unas 200.000 personas, principalmente dominicanos de ascendencia haitiana.

En diciembre de 2014, la obispa primada Katharine Jefferts Schori viajó a la República Dominicana para estudiar de primera mano los efectos de la sentencia de 2013.

Más recientemente, aumenta la amenaza de deportación para los haitianos que viven en la República Dominicana y para dominicanos de ascendencia haitiana, muchos de los cuales nunca han visitado Haití.

Dos resoluciones, la D053 y la D058, procuran abordar la situación que se presenta en la República Dominicana y Haití, la primera instando a la República Dominicana a “respetar la dignidad y la humanidad de las personas que se expulsen”. También le pide a los organismos gobernantes de la Iglesia que observen la situación y determinen los medios en que la Iglesia pueda apoyar a los haitianos y a los dominicanos de ascendencia haitiana que resultan víctimas en el proceso.

La Resolución D058 le pide a la Iglesia que “ratifique su apoyo a la Iglesia Episcopal en la República Dominicana y a su obispo, Julio César Holguín Khoury, y a la Diócesis de Haití y a su obispo, Jean Zache Duracin, en sus empeños de brindar defensa social y otros socorros a los afectados por la sentencia de 2013”.

Las resoluciones de la Convención General proporcionan el marco para que la Iglesia Episcopal y la Red Episcopal de Política Pública intervengan en empeños de defensa y justicia sociales.

“Educar a la feligresía de nuestra Iglesia es fundamental. Los episcopales deben estar conscientes de la injusticia contra los derechos humanos que está teniendo lugar en la República Dominicana, y prepararse para compartir y discutir el asunto con sus congregaciones. La Resolución D058 de la Convención General hace una excelente labor al proporcionar la información que precede al problema de la ciudadanía, y la Oficina de Relaciones Gubernamentales divulgará esta resolución así como otros materiales suplementarios para que los episcopales lean y compartan”, dijo Jayce Hafner, analista de política nacional de la Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera, con sede en Washington, D.C.

Además, la Iglesia continuará apoyando los empeños de los obispos en la República Dominicana y Haití para defender a los afectados por la sentencia y abogar por sus necesidades, así como alentar a sus asociados regionales en América Latina y el Caribe a que le pidan al gobierno de la República Dominicana que se abstenga de deportar arbitrariamente a cualquier persona nacida en la República Dominicana en base a leyes vigentes que tienen por objeto documentar la identidad, añadió.

“Finalmente, vincularemos este caso extremo de la apatridia dominicana a los de la apatridia en todo el mundo, mostrándonos solidarios y saliendo en defensa de las comunidades afectadas en conformidad con la Resolución D069 de la Convención General”, dijo Hafner.

Se calcula que una 10 millones de personas en todo el mundo son apátridas, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La Red Internacional de la Familia Anglicana se empeña en ponerle fin a la apatridia mediante una campaña a favor de la inscripción de nacimiento universal y apoya los esfuerzos globales para garantizar el acatamiento de esta normativa en los países que reconocen la Convención de los Derechos del Niño de 1989.

En mayo, un grupo de madres en Texas presentó una demanda legal contra el departamento de salud del estado por rehusar otorgarles inscripciones de nacimiento a niños nacidos en el estado. En abril pasado, los republicanos de la Cámara celebraron una vista sobre si a los niños nacidos en Estados Unidos debían concederles automáticamente la ciudadanía estadounidense.

En marzo, cuando anglicanos y episcopales de reunieron en Nueva York para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, participaron en el Centro Denominacional de la Iglesia Episcopal en un debate sobre la apatridia y la inscripción de nacimiento universal.

La Convención General también adoptó resoluciones destinadas a proteger y fortalecer a las familias inmigrantes:

  • La D048 busca mantener a las familias juntas, protegiendo a niños y padres de la deportación.
  • La D077 insta a diócesis y congregaciones a crear programas y asociaciones con agencias locales destinados al fortalecimiento y apoyo de las familias inmigrantes.
  • La D079 insta a diócesis y congregaciones a instruir a inmigrantes indocumentados en lo concerniente a sus derechos legales.
  • La D033, al “apoyar los derechos de los refugiados en América Central” llama a la Iglesia Episcopal a “reconocer la continua violencia contra los ciudadanos, y el desplazamiento de los mismos, en el triángulo norte de América central (Honduras, Guatemala y El Salvador), perpetrado por actores estatales y no estatales.”

El mundo comenzó a prestar atención a la crisis de violencia epidémica en América Central cuando, en el verano de 2014, comenzaron a llegar a la frontera [sur] de Estados Unidos niños hondureños, guatemaltecos y salvadoreños en número sin precedentes.

Durante el último año, el nivel de violencia en el Triángulo Norte ha seguido aumentando, sus residentes continúan huyendo hacia Estados Unidos, y a algunas mujeres y niños los albergan en centros de detención que parecen prisiones.

La resolución pide además que “la Iglesia y los gobiernos regionales garanticen y apoyen la labor de la sociedad civil y de organizaciones internacionales, al tiempo que abordan las necesidades de los desplazados en sus países de origen; apoyen los esfuerzos de las agrupaciones de la sociedad civil de los organismos regionales, especialmente la labor de nuestra hermana provincia anglicana la Iglesia de la Región Central de América (IARCA), la Diócesis de Honduras y las organizaciones de derechos humanos, las cuales buscan abordar las causas raigales de la violencia y participar en promoción social y diálogo con sus gobiernos para atender las necesidades de los desplazados internos y de los refugiados y crear espacios seguros para ellos”.

Pide también a la Iglesia Episcopal, en solidaridad con IARCA, exigir responsabilidad gubernamental en Centroamérica, abogar para que el gobierno de EE.UU. desempeñe un papel positivo, fortalecer económicamente las instituciones legales y animar a los gobiernos de Centroamérica y México a que defiendan los derechos legales de las víctimas.

Una de las formas en que la Iglesia puede ayudar es abogar por el modo de emplear los fondos para el desarrollo, a fin de que se desvíe algo del dinero de proyectos destinados al turismo y al desarrollo económico para financiar programas que tengan por objeto el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, explicó Sarah Lawton —defensora durante mucho tiempo de la inmigración en la Diócesis de California y proponente de la Resolución— en una entrevista telefónica con Episcopal News Service.

Otra forma en que los episcopales pueden participar es brindándoles apoyo a las diócesis de la IARCA que están esforzándose en satisfacer las necesidades de personas desplazadas internamente y respaldando un programa experimental de reasentamiento para reubicar a otras local y regionalmente, añadió.

Finalmente, la Resolución D074 pide que se extienda un Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) a los guatemaltecos que viven en Estados Unidos y que “la Iglesia Episcopal abogue, mediante la educación, la comunicación y la representación ante las autoridades legislativas, por la obtención de un TPS para todos los inmigrantes que buscan refugio de la violencia, el desastre medioambiental, la devastación económica, el abuso cultural u otras formas de abuso”.

La Rda. Paula Jackson, rectora de la iglesia de Nuestro Salvador [Church of Our Savior] en Cincinnati, Ohio, y proponente de la Resolución, estaba en camino a Salt Lake City para asistir a la Convención General cuando leyó acerca de un empeño bipartidista para extender el estatus de protección temporal a los guatemaltecos.

“Dos cosas captaron de inmediato mi interés: una es que cualquier empeño bipartidista en el Congreso es muy notable en estos tiempos, especialmente un esfuerzo por ayudar a inmigrantes y sus familias. El otro es que hay unos cuantos guatemaltecos en mi parroquia cuyas vidas (y las vidas de sus hijos) mejorarían inmediatamente de manera indescriptible por cuenta de esta decisión”, dijo Jackson en un email a ENS.

“Ciudadanos estadounidenses de nuestra parroquia han acompañado a numerosos guatemaltecos en sus diversos trámites en los tribunales de inmigración a lo largo de la última década. Hemos aprendido que Guatemala está catalogada como tal vez el segundo país del mundo en nivel de violencia contra las mujeres y tiene una pésima tasa semejante de violencia contra los pueblos indígenas. Hemos sabido de la impotencia de los tribunales y de los cuerpos policiales contra la extorción y la represalia como un modo de vida en las zonas rurales y en las ciudades”.

— Lynette Wilson es redactora y reportera de Episcopal News Service. Traducción de Vicente Echerri.

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